La ministra Vocera de Gobierno, Camila Vallejo, expresó su respaldo al titular de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, ante la posibilidad de una Acusación Constitucional (AC) por parte de la oposición debido a su papel en el conocido Caso Convenios.
En esta perspectiva, la secretaria de Estado descartó en la jornada de este martes la urgencia de promover una recurso en contra del oficialista, argumentando que, en su criterio, parece evidente que las instituciones están operando de manera efectiva, lo cual es positivo, y avanzan.
Tal y como señaló, no existen argumentos para impulsar dicha acción. Además. considera que la medida no tiene el respaldo necesario de todos los sectores de la oposición chilena.
“Nos parece evidente que las instituciones están funcionando, y eso es bueno, y avanzan, que esto esté en tribunales y que la Justicia pueda hacer lo suyo, que es citar a declarar, recabar pruebas, antecedentes, estudiar los casos para determinar las responsabilidades correspondientes, particularmente las penales”, afirmó desde el Palacio de la Moneda.
Asimismo, sostuvo que “no hay ningún fundamento que sostenga una acusación constitucional contra el ministro Montes; no vemos tampoco mucha transversalidad en esa acusación, por lo mismo, porque carece de rigor y fundamento jurídico“.
Es importante tener en cuenta que el libelo relativo a la AC en contra de Montes ha sido anunciado en dos ocasiones por la bancada del Partido Social Cristiano en el último mes, pero aún no ha sido presentado; se espera que esto suceda después del plebiscito de este domingo 17 de diciembre.
La comisión investigadora del caso Convenios, uno de los escándalos por corrupción más grandes del país, en sus conclusiones, señaló al titular de Vivienda y Urbanismo una “reprochable inobservancia de las conductas de los seremis”. El informe aún debe ser sometido a votación en la Sala de la Cámara Baja, por lo que actualmente carece de validez.
Conforme a la Constitución actual, un ministro de Estado solo puede ser objeto de acusación por haber comprometido gravemente el honor o la seguridad de la Nación, infringir la Constitución o las leyes, dejar sin ejecución estas normativas, así como por cometer delitos de traición, colusión (cobro arbitrario o desfalco realizado por un funcionario público en su beneficio propio), malversación de fondos públicos y soborno.
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