El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ordenó una nueva “ofensiva contra las pandillas“. La acometida está dirigida para “evitar cualquier intento de reagrupación, como estaba ocurriendo en Nueva Concepción“, según informó el gobernante en su cuenta de Twitter.
La decisión se adoptó después que el presidente se reuniera con el gabinete de seguridad del país. La medida también se vio impulsada por la muerte del agente, Maximino Vásquez, quien falleció, presuntamente, por acción de las pandillas.
La muerte de este agente provocó un amplio operativo que concluyó con el arresto de tres sospechosos. Para lograr esto, se implementó un cerco de 5 mil soldados y 500 policías en la ciudad de Nueva Concepción, donde fue asesinado el funcionario.
“Prometimos que pagarían caro por el asesinato de nuestro héroe (policía). Destruimos su clica (célula), arrestamos a sus compañeros, arrestamos a su líder, y hoy, arrestamos a los 3 asesinos”, dijo Bukele al momento de la detención.
La nueva ofensiva en contra de las pandillas sucede en medio de críticas a las violaciones a los derechos humanos. Las autoridades mantienen una “guerra” en contra de estos grupos, la cual es amparada por un estado de excepción.
En abril pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llamó a El Salvador a “restablecer” los derechos suspendidos desde marzo del 2022 por el estado de excepción. “La CIDH urge al Estado respetar los derechos humanos en la adopción de las medidas para la prevención, control y respuesta a la criminalidad, así como a investigar, procesar y sancionar las actividades delictivas”, dijo la asociación.
La Comisión agregó que “la CIDH ha alertado al Estado de El Salvador que la suspensión de derechos y garantías, especialmente cuando aplicada de manera indefinida, constituye un mecanismo inadecuado para enfrentar el crimen común”.
El Salvador ha detenido a 68.720 presuntos pandilleros desde marzo del 2022, aunque 5 mil de ellos han sido liberados por no estar vinculadas con estos grupos. La cruzada contra las pandillas cuenta con el apoyo de nueve de cada diez salvadoreños, aunque no goza del respaldo total de la Iglesia Católica y organizaciones a favor de los derechos humanos.