El presidente de Unión Democrática Independiente (UDI), Javier Macaya, se pronunció sobre el veto presidencial de la Ley de Usurpaciones y se sumó a las críticas de la oposición, considerando que el Gobierno busca desnaturalizar el propósito del cuerpo normativo.
En conversaciones con el programa Línea Uno, el timonel del partido político cuestionó las 14 observaciones efectuadas por ej Ejecutivo, relativas a la legítima defensa privilegiada.
En este sentido, indicó que “por cualquier medio que sea proporcional. Si se ve afectado el derecho a la propiedad por personas que lo ejecutan de manera violenta con armas de fuego, lo que corresponde es que también el afectado pueda utilizar armas de fuego para defenderse”.
Asimismo, manifestó que está dispuesto a votar a favor de la Constitución, aún y cuando cree que es difícil que el proceso Constitucional tenga como resultado un Texto Fundamental nuevo.
Cabe destacar que Macaya es uno de los políticos de oposición que ha reprochado al Gobierno por su posición frente a la Ley de Usurpaciones. De hecho, en días recientes el senador insistió en el programa Mesa Central que “El Gobierno lo que está haciendo es ponerse del lado de los usurpadores”.
“Para nosotros es inaceptable y es por eso que queremos tener un estatuto que permita de mejor manera defenderse ante los usurpadores y aplicar todo el imperio de la ley cuando es necesario”.
¿Qué dijo el Gobierno de la Ley de Usurpaciones?
El Ejecutivo, liderado por el presidente de la República, Gabriel Boric, hizo una serie de correcciones dirigidas a eliminar la legítima defensa privilegiada, puesto que consideran que se fomenta la “justicia por mano propia”, lo que se podría transformar en la Ley de la selva. Dicho en otras palabras, que el dueño de una propiedad puede recurrir a la violencia para recuperar su inmueble sin la ayuda de Carabineros.
Las correcciones del Gobierno señalan que para las tomas no violentas las penas vayan desde multas a presidio, algo que quedaría a criterio del juez que lleve el caso. En esta misma línea, también contempla que se modifique las escalas de las sanciones y se establezcan según la gravedad de la usurpación.
