Fue durante la jornada de un viernes 18 de octubre. Año 2019. Un grupo de estudiantes tomó las estaciones de Santa Ana, Plaza de Armas, Universidad de Chile y Los Héroes para dar inicio al estallido social, una serie de manifestaciones y disturbios que tuvo su origen en la ciudad de Santiago y, posteriormente, a lo largo de varias regiones del país.
La locomoción en la ciudad capital colapsó. El Metro de Santiago cerró sus puertas. El taco se apoderó de las principales vías. Las personas caminaban kilómetros y kilómetros para poder llegar a casa, bajo el inclemente sol de aquella jornada. Así transcurrió el primer día de un movimiento civil que dio inicio a una de las protestas más grandes de Latinoamérica.
Entre perdigones y gas lacrimógeno se vivieron los días posteriores al 18 de octubre. El agua del ‘guanaco’, vehículo utilizado por Carabineros para dispersar las manifestaciones’, mojó el asfalto de la Alameda, que se extendía desde la estación República, línea 1, hasta El Salvador, pasando Plaza Baquedano, en un intento desesperado de los cuerpos policiales de disuadir las aglomeraciones.

Miles y miles de ciudadanos manifestaron su descontento con el Gobierno de turno, liderado por el expresidente Sebastián Piñera, bajo el lema “Chile despertó”, palabras que resonaron no solo en cada rincón del país, sino en todo el mundo.
El detonante de este conflicto, que dejó 34 muertos y más de 3.400 personas heridas, donde al menos unas 347 sufrieron lesiones oculares por perdigones o balines, según cifras oficiales, fue el alza en la tarifa del sistema de transporte público de Santiago, que entró en vigencia el 6 de octubre de 2019. En aquel momento se incrementó 30 pesos en el valor del pasaje, lo que fue suficiente para que la gente saliera a las calles.
Sin embargo, el descontento tenía otras razones de fondo: la desigualdad económica y social, las altas tasas de endeudamiento, y la falta de acceso a servicios básicos como educación, salud y pensiones dignas. También se evidenciaron problemas de corrupción y abuso de poder con altos grados de impunidad que se habían normalizado como paradigma social.
Han pasado cuatro años desde ese entonces y este miércoles, en el marco de un nuevo aniversario, el presidente de la República, Gabriel Boric, se pronunció al respecto, indicando que la política actual debe ser capaz de resolver el malestar que impulsó el estallido social.
“El estallido social, que algunos pretenden hacer como si no hubiese sucedido o borrar de la historia de nuestro país, sus efectos son de largo aliento y creo que es muy pronto para poder establecer un análisis completo”. No obstante, “el malestar del pueblo de Chile que se expresó durante esos meses es un malestar que la política tiene que ser capaz de resolver. La política y la democracia tienen que ser capaces de dar soluciones”, dijo el jefe de Estado.

A juicio del mandatario nacional, es importante pensar en donde radica el malestar de los chilenos para poder presentar un plan que solucione los problemas estructurales que por mucho tiempo le han hecho daño a la democracia.
“Mi llamado es que pensemos en cuáles son las causas subyacentes más profundas del malestar de los chilenos con sus instituciones. Uno de los objetivos que yo me he puesto como Presidente y como Gobierno es que podamos mejorar la confianza tanto entre las personas como entre las personas y sus instituciones”.
Si bien considera que desde que asumió el Gobierno en 2022 han avanzado en muchas cosas, cree que aún queda un largo camino por recorrer. “Todavía falta mucho, en particular en materias que son tan sensibles como mejorar las listas de espera o la reforma previsional para que todas las personas que después de trabajar toda una vida puedan tener derecho a una pensión digna y una vida digna“, enfatizó.