Tras el anuncio de que Venezuela denegó el permiso de aterrizaje a un avión que transportaba expulsados desde Chile, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, reafirmó la importancia de establecer acuerdos con el Gobierno de Nicolás Maduro para llevar a cabo estos procedimientos.
Según indicó el ministro a CNN Chile, es importante llegar a un consenso con las autoridades venezolanas, de manera que el retorno de estos inmigrantes irregulares a su país se pueda realizar con éxito.
“No tenemos este problema con Colombia, Ecuador, República Dominicana (…), pero sí tenemos severas dificultades en esta materia con el gobierno venezolano y por eso hemos puesto como prioridad llegar a acuerdo en materia migratoria con el gobierno venezolano, y esperamos que puedan avanzar rápido”, aseguró.
Asimismo, manifestó que “la solución a la expulsión de ciudadanos, que están en situación migratoria irregular no depende solo de Chile, sino también de la disposición venezolana, porque el avión debe ingresar al espacio aéreo venezolano. Sin su autorización, eso no es posible”, sostuvo.
En este sentido, destacó que desde el Gobierno que lidera el presidente, Gabriel Boric, se han enviado “propuestas documentadas para firmar acuerdos en materia de lucha contra el narcotráfico y en materia de migración. Les enviamos documentos que están siendo revisados por los venezolanos”.
“Yo lo que he planteado es que de aquí a antes del 15 de diciembre, he planteado una reunión presencial en Venezuela, a la que estamos dispuestos a concurrir y le hemos pedido al embajador Gazmuri que la pueda gestionar, para ver si en torno a la propuesta que hemos hecho podemos firmar un acuerdo. Ese es nuestro interés, hemos hecho una serie de esfuerzos para que eso ocurra“, aseveró.
Cabe acotar que “las personas (expulsadas) estaban identificadas, la PDI las había detenido, se había contratado el avión. En teoría, Chile había hecho todo, pero una sola decisión de la autoridad aeronáutica venezolana echó todo por tierra”. En caso de no ser expulsadas al cabo de cinco días, deben ser liberadas pro la autoridad, ya que es este el plazo que otorga la ley a la PDI para tenerlas retenidas.