La Contraloría General de la República detectó irregularidades en la entrega y pago del bono Ingreso Familiar de Emergencia Laboral (IFE) desde el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence).
Por medio de un documento, se plasmó que algunos postulantes no contaban con los requisitos necesarios para ser beneficiarios. “Se verificaron beneficios otorgados a personas que se encontraban contratadas por un empleador del Estado, beneficiarios que no cumplían con el requisito de cesantía y beneficiarios que prestaban servicios para el Estado mediante la modalidad a honorarios”, se lee en el informe.
La entidad fiscalizadora señaló que se deberá “ejecutar el procedimiento consignado en el artículo 77 de la ley que ordena requerir el reintegro para los pagos indebidos del subsidio en estudio, por las sumas de $435.905.117, $579.351.882 y $2.559.383.578 respectivamente”.
El exdirector del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, Ricardo Ruiz, aseguró que “la Contraloría detectó, en menos del uno por ciento, discrepancias respecto a Sence. Cada uno de esos casos puede y deben ser revisados. De los recursos existe una trazabilidad perfecta, porque se sabe a quién se le depositó, cuándo y cuánto (…) todo subsidio tiene proceso de reintegro, por lo tanto, ante cualquier discrepancia hay que llevar a cabo dicho proceso. No puede ni debe perderse ningún recurso del Estado y de existir discrepancias, se puede reingresar los recursos al Estado, a través del ejercicio tributario”.
Los beneficiarios que no cumplían con los requisitos deberán regresar el dinero. De no ser así, la Tesorería General de la República podrá ordenar retener la devolución de impuestos, o cualquier otro retorno a los deudores.
Por otra parte, el informe cuestiona los contratos que hizo el servicio del Ministerio del Trabajo, encabezado en ese entonces por Patricio Melero, con la empresa Manpower Servicios Integrales. Se determinó que el Sence no aplicó las multas correspondientes a la empresa por no entregar informes mensuales sobre el IFE Laboral.