El 26 de enero, Maite Orsini causó revuelo producto de una llamada que realizó a la generala, Karina Soza, directora de Derechos Humanos y Protección de la Familia de Carabineros, para ponerla al tanto de la detención del exfutbolista Jorge Valdivia, quien afirmó que en su detención podrían haber actos ilegales y arbitrarios en su contra, vulnerando sus derechos.
Debido a esto, diputados del partido Unión Demócrata Independiente acudieron a la Comisión de Ética por posible tráfico de influencias en el “telefonazo” que realizó la diputada Orsini.
Según el requerimiento, se le acusa a la parlamentaria de “usar en beneficio propio, de parientes o de terceros, la información reservada o privilegiada a la que tuvieren acceso en razón de la función que desempeñan”, además se le acusa de “usar indebidamente el título oficial, los distintivos o el prestigio de la corporación para asuntos de carácter personal o privado”.
Los integrantes de la comisión resolvieron que la diputada incumplió con los deberes parlamentarios por lo que se le aplicó una “amonestación” con el pago de una multa que equivale al 5% de su dieta parlamentaria, es decir, alrededor de 270 mil pesos.
Luego de la decisión, la diputada aseguró que “tengo la absoluta certeza de que no he cometido ninguna falta a la ética y resulta incomprensible que una comunicación entre autoridades sea entendida como tal (…) estudiaremos el fallo y no descarto utilizar ninguna herramienta que me otorgue el Reglamento de la Corporación e, incluso, herramientas legales de ser necesario, para determinar mi absolut inocencia”.
