En la jornada de este lunes, la Comisión de probidad y transparencia entregó al presidente de la República, Gabriel Boric, un informe con 46 medidas destinadas a regular la relación entre las instituciones del Estado y las organizaciones privadas sin fines de lucro.
Después de 30 sesiones, el grupo de expertos presentó al Ejecutivo un documento con recomendaciones para implementar. Es necesario destacar que la instancia surgió en el marco del Caso Convenios, una investigación liderada por el Ministerio Público en la que se investigan presuntas irregularidades y supuestos de corrupción.
El comité constituido en julio pasado para abordar la crisis oficialista por problemas de dinero en las fundaciones, estuvo conformado por María Jaraquemada como presidenta; los comisionados Ramiro Mendoza, Jeannette von Wolfersdorff, Ignacio Irarrázaval y Francisco Agüero, mientras que Valeria Lübbert ocupó la secretaría ejecutiva del equipo, tras homologar su rol en la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia de la Segpres.
Tras recibir el informe, la máxima autoridad del país compartió unas palabras, destacando la necesidad de transparental el aparataje estatal y tener mayor eficiencia operativa de cara al futuro. “Cada peso que se desvía a otros intereses significa reducir la capacidad del Estado para responder a la ciudadanía”, dijo.
Asimismo, señaló que desde su administración asumen con compromiso el deber de enfrentar la corrupción puesto que piensa que “por mucho tiempo se instaló una suerte de inercia que permitía o iba reproduciendo algunas malas prácticas, discrecionalidades o abusos“.
“Pueden dar cuenta que se cometieron o no se cometieron actos ilícitos y muchas veces se hacen acusaciones sin fundamento, incluso imputaciones de delitos que tienen que también tener la seriedad para, no en estos casos, meter a todos en el mismo saco (…). Como bien decía María Jaraquemada, no dejemos que los actos de unos pocos ensucien el trabajo de todos”, dijo en su alocución.
Es importante recordar que el informe se logró constituir tras escuchar las opiniones de 42 representantes de organizaciones sociales, de organismos del Estado y organismos internacionales, además de analizar 58 sugerencias planteadas por la ciudadanía. En dicho documento, se abordan aspectos como rendición de cuentas, gobernanza, supervisión de transferencia de recursos públicos, la innovación y el impacto social que generan las instituciones sin fines de lucro, entre otros.