Un golpe de timón ha adoptado en las últimas horas la Contraloría General de la República al ordenar “suspender la toma de razón” de las “transferencias que se hacen a fundaciones y corporaciones privadas“. Todo esto a raíz del escándalo producido entre el convenio de la Fundación Democracia Viva y la seremi de Vivienda y Urbanismo de Antofagasta.
Esta medida estará vigente hasta que “no se aclare bien la situación y eso evidentemente que va a ocasionar que los plazos se extiendan (en el trabajo de Contraloría)“, dijo el contralor, Jorge Bermúdez.
En la comisión de Función Jurisdiccional y Órganos Autónomos del Consejo, a Bermúdez se le preguntó por las fallas en el convenio entre la fundación y la seremi, y su hubo un control por parte de Contraloría. “Evidentemente que no ha sido con todos los resguardos, porque efectivamente de lo que estamos acá hablando aparentemente -porque esto es un proceso todavía en curso-, hay una situación de mal uso de los recursos, una situación que eventualmente puede ser de corrupción“, aclaró Bermúdez.
El contralor añadió que “lo que ha ocurrido acá es que hay una situación sofisticada donde se han producido hechos que eventualmente son constitutivos de corrupción, producto de que el Estado ha entregado estos recursos con poca regulación a entendidas que son de naturaleza privada“.
Recordemos que el escándalo entre la fundación y la seremi nace a raíz de un traspaso de $426 millones a la organización privada ligada a militantes de Revolución Democrática (RD). Entre ellos estaba Daniel Andrade, ex pareja de la diputada Catalina Pérez.
