El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta dificultades para sumar a sus aliados tradicionales a la llamada “Junta de Paz”, una instancia que impulsa para intervenir en conflictos internacionales. Hasta ahora, el respaldo más claro ha provenido de monarquías de Medio Oriente, de Alexander Lukashenko —frecuentemente descrito como el último dictador de Europa— y de al menos un líder que enfrenta acusaciones por presuntos crímenes de guerra.
La iniciativa ha sido presentada a decenas de países con la intención de crear un nuevo organismo internacional capaz de gestionar procesos de paz y reconstrucción en distintas zonas del mundo. Sin embargo, la propuesta ha generado inquietud entre socios históricos de Washington, especialmente tras las declaraciones de Trump, quien aseguró que la junta “podría” reemplazar a las Naciones Unidas.
Originalmente, la Junta de Paz fue concebida como un mecanismo limitado, enfocado en supervisar la reconstrucción de Gaza tras la guerra de dos años con Israel. No obstante, el alcance del proyecto se amplió de manera significativa. De hecho, el borrador de la carta constitutiva —enviado junto a las invitaciones— ya no menciona a Gaza y plantea un mandato global para actuar en regiones afectadas o amenazadas por conflictos armados.
Según ese mismo documento, Trump ejercerá la presidencia de la junta de forma indefinida, incluso más allá de su eventual segundo mandato. La estructura contempla además una “Junta Ejecutiva fundadora”, integrada por figuras cercanas al presidente estadounidense, entre ellas su yerno Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y el ex primer ministro británico Tony Blair.
El yerno del mandatario subrayó que uno de los pilares del plan es la desmilitarización de Hamas y aseguró que Estados Unidos “va a hacer cumplir” ese punto del acuerdo de alto el fuego, sin entregar mayores detalles. La presentación estuvo acompañada por diapositivas que mostraban una visión futurista de Gaza, con edificios modernos, nuevas carreteras e infraestructura energética.
Trump, por su parte, se refirió a Gaza como una “hermosa propiedad” y afirmó ser “una persona de bienes raíces de corazón” al abordar el proceso de reconstrucción del territorio devastado.
En cuanto a los países que han aceptado integrarse a la Junta de Paz, figuran Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Egipto, Qatar, Bahrein, Pakistán, Turquía, Hungría, Marruecos, Kosovo, Argentina y Paraguay. También se sumaron Kazajstán y Uzbekistán, además de Indonesia y Vietnam.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también manifestó su adhesión, pese a su molestia por la inclusión de representantes de Turquía y Qatar en el comité ejecutivo para Gaza. Netanyahu, además, enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional. No hubo representación israelí sobre el escenario durante la ceremonia en Davos, aunque el presidente de Israel, Isaac Herzog, sí se encontraba en la ciudad. Netanyahu no asistió.
Armenia y Azerbaiyán, que el año pasado firmaron un acuerdo de paz negociado por Estados Unidos —el cual otorgaría a ese país acceso exclusivo para desarrollar un corredor de tránsito estratégico—, también se incorporaron a la iniciativa.
En el caso de Rusia, el presidente Vladimir Putin fue invitado a sumarse, al igual que el líder de Belarús, Alexander Lukashenko. “Tengo a algunas personas controvertidas en esto”, declaró Trump a CNN, al referirse a su afirmación de que Putin habría aceptado la invitación.
Hasta ahora, el Kremlin no ha confirmado formalmente la participación rusa, aunque Putin ha sugerido que podría utilizar activos rusos congelados en Estados Unidos para pagar la cuota de US$ 1.000 millones exigida para acceder a un puesto permanente. La eventual incorporación de Rusia ha encendido alarmas respecto de la coherencia de incluir a un país en guerra en un organismo destinado a promover la paz.
Canadá también estuvo en la órbita de la Junta de Paz. El primer ministro Mark Carney, crítico habitual de Trump por sus políticas comerciales y su cuestionamiento al orden internacional basado en reglas, evaluó inicialmente sumarse bajo ciertas condiciones. Sin embargo, la invitación fue posteriormente retirada por el propio Trump, quien describió la iniciativa como “la Junta de Líderes más prestigiosa jamás reunida”.
Otros países optaron por no participar. El Reino Unido descartó su adhesión debido a preocupaciones relacionadas con la eventual participación rusa. La ministra de Relaciones Exteriores británica, Yvette Cooper, explicó que su país no sería signatario “porque se trata de un tratado legal que plantea temas mucho más amplios”.
“También tenemos preocupaciones sobre que Putin sea parte de algo que habla sobre la paz, cuando aún no hemos visto ningún indicio de Putin de que habrá un compromiso con la paz en Ucrania”, agregó.
Francia y Noruega también rechazaron la invitación, manifestando dudas sobre la relación que tendría la Junta de Paz con las Naciones Unidas. China confirmó haber recibido la invitación, pero no ha definido su postura. Un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores señaló que el país “mantendrá su firme compromiso con la salvaguardia del sistema internacional, con la ONU como eje central”.
Desde Ucrania, el presidente Volodymyr Zelensky expresó reparos a la iniciativa, afirmando que resultaba difícil imaginar estar “junto con Rusia en cualquier consejo” y que “el problema es que Rusia es nuestro enemigo y Belarús es su aliado”.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, sostuvo que la adhesión podría generar conflictos constitucionales y descartó asistir a la ceremonia de firma. En tanto, la ministra de Asuntos Exteriores de Irlanda, Helen McEntee, indicó que evaluaría la invitación con cautela.
La Junta de Paz no ha estado exenta de críticas. Diplomáticos y líderes internacionales han cuestionado la ampliación de su mandato, la presidencia indefinida de Trump y el impacto que podría tener sobre el rol de la ONU. Según el estatuto, los países miembros ejercerán funciones por tres años, tras lo cual deberán pagar US$ 1.000 millones para obtener un asiento permanente. Aunque un funcionario estadounidense afirmó que esos fondos se destinarán a la reconstrucción de Gaza, la medida ha sido criticada por su potencial vulnerabilidad a prácticas corruptas.
