La Fiscalía Regional de Valparaíso abrió una investigación por presuntas irregularidades en el Senado y ya pidió a la Cámara Alta antecedentes sobre cómo se tramitó el retiro de dos permisos para viajar al extranjero y sobre las votaciones que vinieron después. El caso, que salpica al senador socialista Juan Luis Castro, está en manos de la Unidad Regional Anticorrupción.
La fiscal regional, Claudia Perivancich, confirmó que su equipo tomó contacto con funcionarios del Senado para requerir la información sobre la tramitación. Agregó que hay otras diligencias en curso que, por ahora, no pueden hacerse públicas.
La historia comenzó el martes diecisiete de noviembre. Ese día, según la querella presentada en el caso, se comunicó al Senado el retiro de los permisos constitucionales de la senadora Ximena Órdenes, del Partido por la Democracia, y del senador Fidel Espinoza, del Partido Socialista. Ambos se encontraban en Asia, acompañando la gira del presidente José Antonio Kast. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, informó del retiro a la Sala.
Al día siguiente, el senador Pedro Araya leyó una carta de Órdenes dirigida al secretario general del Senado, Luis Rojas. En ella, la senadora negó haber pedido el retiro de su permiso, haber firmado o enviado un documento con ese fin y haber autorizado a terceros para hacerlo. Núñez confirmó que la mesa y la secretaría general habían recibido un documento con una firma atribuida a Órdenes. Ese mismo día, los permisos de ambos parlamentarios volvieron a quedar vigentes.
El jueves diecinueve, la Fundación Fuerza Ciudadana presentó una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso contra Castro y contra quienes resulten responsables. Según el escrito, fue el senador socialista quien habría comunicado o gestionado el retiro de los permisos.
La querella pide aclarar quién elaboró el documento, cómo se incorporó la firma y quién lo presentó, y si Castro conocía su origen. También solicita que la Policía de Investigaciones recoja en el Congreso los originales, los correos y las grabaciones de las sesiones de esos días, y que se determine si el retiro de los permisos afectó quórums o votaciones del Presupuesto 2027. Además, plantea evaluar un eventual desafuero del parlamentario cuando se cumplan los requisitos legales.
Hasta ahora, las notas publicadas no recogen una respuesta del senador Castro, y la sola presentación de una querella no establece responsabilidad penal. Lo que está en juego, sin embargo, es delicado: la integridad de los documentos que circulan en el Senado y, eventualmente, la validez de votaciones en plena discusión presupuestaria.
La investigación deberá establecer cómo se gestionó el retiro, quiénes participaron y qué ocurrió con las solicitudes. Por ahora no hay plazos ni audiencias fijadas, pero el caso ya abrió un flanco incómodo en la Cámara Alta en una de las semanas de mayor trabajo legislativo del año.



