El Partido de la Gente (PDG) atraviesa una severa crisis institucional. Una grave acción judicial interpuesta por ex dirigentes expone la eventual falsificación de firmas para otorgar poderes bancarios amplios sin autorización de la directiva, sumándose a los constantes cuestionamientos por irregularidades financieras.
El caso salió a la luz tras la denuncia formulada por un ex vicepresidente de la tienda, quien acusó la adulteración de su firma y la de otros parlamentarios —incluida la diputada Yovana Ahumada— para abrir cuentas en BancoEstado. Esta maniobra buscaba otorgar facultades administrativas y disponer de fondos públicos a un grupo reducido de dirigentes.
El hecho se suma a los reiterados rechazos del Servicio Electoral (Servel) a los balances y rendiciones del partido, con objeciones que superan los $600 millones.
Riesgo para la continuidad del PDG
Las constantes objeciones administrativas debilitan la posición del PDG en el mapa político. El Servel alista acciones querellantes ante la justicia debido a inconsistencias en los gastos de campañas anteriores y rendiciones con proveedores no justificados.
Analistas advierten que esta seguidilla de causas civiles y penales pone en riesgo el cumplimiento de la Ley de Partidos Políticos. La acumulación de faltas graves podría amenazar la permanencia legal de la colectividad y congelar el aporte de fondos estatales para su funcionamiento.
