La investigación por la desaparición de la activista mapuche Julia Chuñil Catricura, ocurrida el 8 de noviembre de 2024, dio un vuelco decisivo este miércoles tras la detención de tres de sus hijos y de un exyerno, quienes estarían involucrados en su muerte, según antecedentes del Ministerio Público.
Los detenidos son Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil, además del exyerno identificado con las iniciales B.F.B.B. Todos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Los Lagos para el respectivo control de detención. La audiencia de formalización continuará este jueves 15 de enero.
La fiscal regional de Los Ríos, Tatiana Esquivel López, explicó que las aprehensiones responden al avance de una indagatoria extensa y reservada. Según detalló, se trata del “resultado de una investigación compleja, sigilosa y reservada”, encabezada por el Ministerio Público y desarrollada en conjunto con las policías y otras entidades estatales, lo que permitió “reunir antecedentes suficientes para solicitar al tribunal órdenes de detención”.
El operativo fue ejecutado por Carabineros con apoyo de distintas unidades especializadas, concretándose en domicilios ubicados en la comuna de Máfil, en la región de Los Ríos, y en Temuco, región de La Araucanía.
De acuerdo con la Fiscalía, los tres hijos de la dirigenta mapuche serán imputados por el delito de parricidio, mientras que al exyerno se le formalizará por homicidio calificado, con la agravante de alevosía. A esto se suma la imputación, para los cuatro, por un robo con violencia e intimidación cometido contra un hombre de 90 años que residía en el mismo terreno que Chuñil.
En paralelo al proceso judicial, personal policial inició excavaciones en el predio donde vivía la víctima, en el sector rural de Máfil, como parte de las diligencias investigativas.
Julia Chuñil, de 72 años, fue presidenta de la Comunidad Mapuche de Putreguel y una reconocida defensora del medioambiente. Tras su desaparición, sus propios hijos apuntaron públicamente al empresario forestal Juan Carlos Morstadt Anwandter como presunto responsable. En un comunicado difundido el 30 de septiembre, la familia sostuvo: “Con mucho dolor en nuestros corazones, después de meses de búsqueda, manifestaciones, convocatorias y del apoyo de muchas personas, damos a conocer la noticia tras una larga investigación, en la que se descubre que el principal sospechoso –quien hostigaba y ofrecía dinero, entre otras cosas–, quedó involucrado en un hallazgo de gran relevancia: un audio de llamada”.
En dicho registro, atribuido a Morstadt, se sugería que el cuerpo de la activista habría sido quemado, lo que provocó un fuerte impacto a nivel nacional. A raíz de esto, el presidente Gabriel Boric exigió públicamente esclarecer el caso. “Exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad y Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, que creo representa no solo al pueblo mapuche, sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia. Por tanto, instamos a que las instituciones funcionen y a que se pueda esclarecer toda la verdad”, declaró el mandatario el 2 de octubre pasado.
Posteriormente, el Ministerio Público lamentó la filtración del audio. El fiscal nacional, Ángel Valencia, advirtió que ese hecho entregaba una visión incompleta del caso y podía entorpecer la investigación. “No puedo confirmar ni rechazar la existencia de ese antecedente porque la investigación es reservada. Pero lo que se ha publicado por la prensa no refleja, de manera alguna, el contenido íntegro de la investigación, que es bastante más compleja que eso”, señaló en una conferencia de prensa realizada hace dos meses.
En ese contexto, la abogada Karina Riquelme, representante de la familia Chuñil, cuestionó públicamente una supuesta “ineficiencia” del Ministerio Público y solicitó la formalización de Morstadt. Sin embargo, la Fiscalía también indagaba posibles conflictos familiares, particularmente vinculados a un contrato de compraventa de un terreno de 2,9 hectáreas que involucraba a Pablo San Martín, hipótesis que fue descartada por la defensa.
Antes de las detenciones, Pablo San Martín y Javier Troncoso habían negado cualquier responsabilidad en la desaparición de su madre en una entrevista con Chilevisión, en septiembre pasado. “No la iba a hacer desaparecer por dos hectáreas y algo de terreno, cuando yo también soy integrante de la comunidad de ese terreno que estaba en recuperación”, afirmó San Martín. Por su parte, Javier se refirió a las manchas de sangre encontradas en la vivienda: “Yo, igual, en mi pieza tengo herramientas, huinchas que uno se puede cortar (…) tornillos. Entonces, claro que sí puede ser sangre mía”.
Ambos insistieron en que el caso estaría vinculado al activismo ambiental de su madre. En declaraciones previas a la organización Global Witness, Pablo San Martín destacó el compromiso de Chuñil con su territorio. “Si talaban un solo árbol, ella lo sabía. Conocía esta tierra como la palma de su mano y no quería irse a ningún otro lugar”.
Desde la desaparición de la dirigenta mapuche, se han realizado múltiples manifestaciones y movilizaciones en distintas ciudades del país, incluyendo Santiago, impulsadas por organizaciones sociales e indígenas. La consigna “¿Dónde está Julia Chuñil?” aún se observa en distintos puntos de la capital.
Este miércoles, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Yerko Ljubetic, afirmó en radio ADN que la entidad seguirá de cerca el desarrollo del caso. Señaló que existe una “posición consistente ahora, que es seguir atentamente el desarrollo de esta investigación y del juicio al que va a dar lugar”, subrayando que la principal preocupación es que el “Estado tiene la obligación de establecer qué es lo que ocurrió realmente”.
